Nunca es bueno permanecer impasible frente a la injusticia y un paso importante es denunciar cómo desde muchas instancias se criminaliza la protesta social. En los últimos días asistimos a dos claros ejemplos de cómo se quiere convertir en culpables a los que intentan cambiar las cosas de manera constructiva.
En Sevilla la
Corrala Utopía, un colectivo formado por familias sin recursos y sin vivienda que habían ocupado un bloque de viviendas propiedad de un banco que desahucia a familias como ellos desde mayo del 2012, fue desalojada hace unos pocos días por la policía nacional. Este modelo de ocupación y de realojo estaba teniendo bastante éxito y se estaba extendiendo entre familias sin recursos por Andalucía (Sevilla, Málaga...) Ha sido noticia en la prensa a nivel nacional, se han hecho eco medios como
El País o
Eldiario.es.
Otro caso de ocupación es el de la "
Acampada Dignidad" en Córdoba: un colegio público de un barrio obrero y cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento (gobernado por el PP) es cerrado hace unos meses con motivo de los recortes sociales y educativos, entonces un grupo heterogéneo formado por distintas entidades y colectivos como asociaciones de vecinos, maestros y profesores, Stop Desahucios..., ocupa el colegio (un bello edificio de principios del siglo XX junto al río obra del insigne arquitecto, esperantista y político socialista
Francisco Azorín Izquierdo) y lo reconvierte en muy poco tiempo en con varios
proyectos en un activo centro asociativo, comedor social,
con una radio para el barrio, biblioteca y sala de estudios donde se da clase gratis de apoyo a las hijos de las familias del barrio...
Y ahora un juez decide que debe ser desalojado en un mes. La prensa se hace eco:
Diario Córdoba,
Europa Press,
Cordópolis,
Tercera Información. El caso llevaba
coleando desde enero de este año
...
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