Asistimos en los últimos tiempos en España a un recrudecimiento y generalización de las protestas sociales y vecinales en todas las ciudades del Estado Español que no deja de crecer en los últimos años: a movimientos como el del 15-M, suceden los de Stop Desahucios y PAH de afectados por las cláusulas abusivas de las Hipotecas, la Marea Blanca por la Sanidad y la Marea Verde o Soy Pública por la Educación, se unen otras como Plataforma de Afectados por las participaciones Preferentes de muchos bancos y antiguas cajas de ahorro como CajaMadrid-Bankia o NovaCaixaGalicia, la iniciativa de Rodea el Congreso... Todos con un fondo común: la denuncia de la corrupción política española que afecta desde la Casa Real con el conocido caso Urdangarín y la segunda imputación de su esposa la Infanta Cristina por fraude fiscal hasta casi el último ayuntamiento de capital de provincial o costero con algún caso de corrupción municipal urbanística, pasando por la manifiesta evidencia de la financiación ilegal del Partido Popular, partido gobernante actualmente en España y que afecta directa y personalmente al actual jefe de gobierno Mariano Rajoy, también conocida como caso Bárcenas (véase aquí más información a este respecto), así como la imputación o condena de numerosos presidentes y expresidentes de Comunidades Autónomas, ministros y consejeros de numerosas Comunidades Autónomas con gobiernos de distinto signo político con casos muy llamativos como los de el expresidentes valenciano Francisco Camps o el balear Jaume Matas, ambos conectados con la rama valenciana y balear de la Trama Gürtel (ver más aquí), el caso del Instituto Nóos y el caso Palma Arena, así como el de los ERE`s de Andalucía, que afecta tanto a altos cargos del PSOE como del sindicato UGT y un largo etcétera. Todo ello lleva al subsiguiente desapego cada vez mayor y creciente distanciamiento existente entre la clase política y los ciudadanos de a pie que tiene repercusiones directas y negativas sobre la vida de los ciudadanos como son los recortes y el desmantelamiento del mal llamado "Estado del bienestar", es decir la privatización de la Escuela y la Sanidad Pública, llevada a cabo por el actual gobierno del PP, así como de varias CCAA sobre todo en Valencia, Madrid, Baleares o Castilla-La Mancha, o la aprobación en vía parlamentaria de la LOMCE, o Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa por parte del ministro Wert. Con este panorama político de recortes y generalización de la corrupción tan desalentador unido a la crisis económica existente en España desde el 2008, con una economía intervenida desde la Unión Europea y el rescate bancario pedido por el gobierno español en junio de 2012 y el alto gasto que ha supuesto las ayudas públicas directas al sector bancario español, es aún sorprendente evidenciar que aún hay gente en España que se extrañe de que haya protestas sociales por la corrupción política, cuando según algunas encuestas como la del Centro de Investigaciones Sociológicas, es una de las cosas que más preocupan a los españoles, junto al paro y a la "clase política española", véase la noticia.
El último caso de protestas sociales o vecinales es que ha llevado a la paralización de la construcción de un bulevar y aparcamiento subterráneo en el barrio burgalés de El Gamonal. En esta noticia llama la atención encontrar el nombre de un influyente personaje llamado Méndez Pozo, constructor y amigo de numerosos políticos tanto del PP como del PSOE entre ellos el expresidente José María Aznar, condenado a siete años de prisión aunque logró la libertad a los nueve meses, dueño de grupos y medios de comunicación como Promecal y que es el verdadero cerebro de este proyecto urbanístico y al que se le conoce como "el jefe de Burgos". Las protestas extendidas por toda España en apoyo a los vecinos de El Gamonal y en contra de las detenciones a manifestantes burgaleses al poner en práctica la nueva y polémica Ley de Seguridad Ciudadana ha llevado en Madrid a la detención de once personas, entre ellas un bombero madrileño, lo cual ha causado una nueva polémica política ésta vez entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en Madrid.
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