Este país se hunde

En este país hemos llegado al límite en todos los sentidos: económico, político, social y moral. La corrupción política presenta cada vez más casos de impunidad que más que legal es moral: la simple sospecha de que un jefe del Estado, caso del rey Juan Carlos I, o de que un jefe de gobierno, como Mariano Rajoy, puedan haber ejercido la impunidad en la administración de su patrimonio personal y familar durante años, con la cobertura de la propia Constitución, en el primer caso o de haber recibido prebendas y sobresueldos en el caso del segundo, como parece demostrar las últimas informaciones de la prensa nacional en el conocido como caso "Bárcenas", es en sí mismo, una prueba de la inmoralidad en la que han caído los dirigentes de este país. No hace falta señalar la cascada de casos que siguen salpicando a altos dirigentes políticos, supuestos representantes de la voluntad popular. La partitocracia es un hecho irrefutable que sirve de parapeto y asiento al ejercicio de la actividad pública, con muy pocas y honrosas excepciones, creando en la opinión pública la sensación de que hacer política desde hace muchos años en España, es una manera de lucrarse, buscar contactos, inmunidad o algún tipo de beneficio personal. No importan los millones de desempleados, la desfavorable coyuntura económica que llega en el caso español a ponernos a la cola de casi todas las estadísticas desfavorables en el ámbito económico y social. Tampoco que las leyes civiles referentes a cuestiones bancarias, sobre todo de desahucios, protejan  a los poderosos frente a los desfavorecidos, se condenen a la cárcel o a multas a aquellos que desde la honradez y la moralidad intentan cambiar situaciones manifiestamente injustas. El hartazgo es mayúsculo, las palabras parecen perder su sentido real y no alcanzan a describir la grave situación en la que nos encontramos. España, sus clases populares, han dado numeroros ejemplos en el reciente pasado de saber salir de situaciones adversas: frente al terrorismo con la defensa de los derechos fundamentales democráticos, con la movilización ciudadana y me refiero tanto al chantaje y al pulso que la organización terrorista ETA impuso al Estado de Derecho durante años, como a los graves atentados y matanzas del 11 de marzo de 2004 en Madrid por parte de grupos yihadistas extremistas. Ante la violencia, la extorsión, los secuestros, los ciudadanos españoles de uno y otro signo, con todas las contradicciones y vaivenes que se quiera, hemos demostrado que con la firmeza de las convicciones democráticas y desde la legalidad (salvo la infame violencia de Estado que se pudo ejercer durante un tiempo por parte de algunos gobiernos del socialista Felipe González y posiblemente antes de UCD), que la lucha armada y la injusticia no tienen cabida en nuestra democracia. Hago hincapié en ello, porque si entonces la dificultad era máxima, ahora no debemos mirar para otro lado cuando el peligro de acabar con la democracia y el Estado, está en los propios representantes públicos que han olvidado su principal función: representar a la ciudadanía y servir al Estado, no a la inversa. Las listas cerradas de los partidos políticos, las prebendas e inmunidad a altos cargos públicos empezando por el Rey y de ahí hasta el último alcalde, es inasumible ética y moralmente para el común de los ciudadanos. La red clientelar que han establecido dichos partidos a todos los niveles: administrativos, con la banca, con sindicatos, con la concesión de subvenciones y ayudas públicas, con el dominio ejercido sobre cajas de ahorro, medios de comunicación, de representación en el poder judicial, en el campo energético, el de privatizaciones del sector público y un largo etcétera, ha convertido al que debe representar a la ciudadanía en el principal y permanente obstáculo al ejercicio de la misma al no importarle mantenerse en el poder a todo costa con una compleja e inmensa trama de intercambio de cargos sean estos públicos o privados que hacen que el problema sea tan grave y profundo que no se resuelve solamente con cambios de gobierno al nivel que sea: nacional, autonómico o local, si no con un cambio total del sistema, con una nueva Constitución, con el derribo de un sistema de representación que no es directo y que no es democrático, en el sentido de romper y corromper la confianza del ciudadano en la persona que debe representarlo, al no rendir nunca cuentas ante nadie del dinero que cobra, del dinero público que gestiona, de dónde, cuándo y en qúe invierte el dinero público que pasa por sus manos, en los impuestos que recauda y en los recortes que propone. Es una pura retórica que nadie cree ya y que va más allá de lo legal o ilegal, puesto que la actual partitocracia española se ha preocupado y bien de tenerlo todo "atado y bien atado" (en el peor sentido franquista del término) para que lo inmoral sea legal y la corrupción sólo pueda ser como mucho denunciada, salvo el caso de alguna digna excepción en el poder judicial, cada vez más escasa de independencia y de moralidad y que demuestra el hecho de que sigan en la calle políticos de los que se ha demostrado su culpabilidad y se haya apartado de la judicatura a jueces que han hecho todo lo posible por extirpar el cáncer de la corrupción, y claro está, me refiero a Baltasar Garzón, como más conocido caso quizás por su afán de protagonismo, que no único ejemplo. Todo esto que digo no debería quedarse en una reflexión personal, muchas personas pensamos igual, en los últimos años ha habido distintos movimientos ciudadanos que han renovado desde la teoría y desde la práctica, obligando desde la movilización social y ciudadana a cambiar actuaciones manifiestamente erróneas de nuestros dirigentes, aunque las rectificaciones fueran parciales o algo tardías  y que al menos sirvieron para dar cohesión, sentido y una razón de ser a sectores dignos ciudadanos desprotegidos o desfavorecidos directa o indirectamente con sus actuaciones y abusos: arranco con las huelgas y luchas sindicales de mediados de los 80 frente al desmantelamiento del sector siderúrgico y minero (cuando los principales sindicatos aún tenían cierto prestigio y respaldo popular), al moviento estudiantil fundamentalmente universitario de los 90 conocido como 0,7% que ayudó a concienciar a la opinión pública de la necesidad de la ayuda pública para el desarrollo de países pobres, al "Basta Ya" contra el terrorismo de ETA, con una ola de protestas y manifestaciones multitudinarias tras el secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, al "Nunca Máis" en 2003 por el desastre ecológico provocado por el hundimiento del petrolero "Prestige" frente a la costa gallega y a la limpieza de playas con chapapote por parte de miles de ciudadanos de manera altruista, ese mismo año el "No a la guerra" de Iraq que provocó indirectamente la caída del gobierno del PP de Aznar y la retirada de tropas como primera medida del primer gobierno socialista de Zapatero, primera retirada de tropas de la coalición de un gobierno occidental. Esa anestesia que parece invadir el panorama social actual se rompió también con el movimiento ciudadano "15-M" en el 2011-2012, que todas sus contradicciones consiguió movilizar a miles de ciudadanos de a pié en el mismo sentido que se pide ahora: una renovación moral de la política y la sociedad española y que derivó en una actuación eficaz y militante frente a los desahucios obligando a cambiar leyes decimonónicas, actuación esta última que aún se mantiene y que aún no ha sido justamente reconocida su labor de dignificación moral de los ciudadanos sin vivienda que se siguen viviendo muchas veces en la calle por el abuso de la banca. Nos hacen falta líderes públicos (que no políticos profesionales) con moral, con una ética cívica y ciudadana del bien público, sin ambages, sin idealismos vacíos, sin mentiras, un liderazgo no personal sino social, que debe venir desde abajo, que debe coger cada vez más fuerza frente a las injusticias y abusos del poder. El despotismo, la negligencia y el populismo deben ser exterminados fulminantemente. Renovación o revolución pero no la desidia ni el inmovilismo. La actual crisis no es sólo económica ni social, con todo lo grave y el profundo mal que están haciendo a nuestro país, sino sobre todo moral: extirpemos el cáncer si no queremos morir poco a poco. No queremos profetas ni salvadores de la patria, queremos personas y ciudadanos que representen a la ciudadanía, a ciudadanos que se vean realmente representados de manera digna, que el poder no esté en las élites económicas ni políticas, que la democracia sea real en todos los sentidos. El dinero fluye por ciertas esferas, se evaden impuestos, se compran votos y decisiones al más alto nivel, acabemos con todo eso de una vez. Queremos justicia social, trabajo digno, acabar con la socialización de las pérdidas millonarias de la banca y del alto empresariado y que los beneficios no sean individuales. No tengo clara la solución a todo esto, ni creo que haya nadie que tenga una "varita mágica", no sé si llegará de manera inmediata y pacífica, ojalá, pero la paciencia se nos acaba y el riesgo de explosión social es muy alto. Los políticos deberían de ser conscientes de todo esto. En el plazo más cercano deberíamos tener una república federal realmente democrática y social, con una nueva Constitución votada y consensuada, con partidos políticos con listas abiertas, mayor representatividad y poder ciudadano, sin privilegios y con límites a la especulación y a la ganancia del capital, con una defensa a ultranza de la Educación y la Sanidad pública, con el fin de un capitalismo salvaje que ha encubrado a ineptos, corruptos y paniaguados y ha excluido y denigrado a los que quieren trabajar honradamente obligándoles a quedarse sin casa, sin empleo o bien obligándoles a emigrar. Que no se nos pretenda convencer de que todo vale en política, porque si no volverán las guillotinas y los comités de Sanidad Pública robespierianos. Sería una pena repetir algunos errores , ¿o no?, del pasado.